Conviene recordar que la enseñanza religiosa escolar forma parte del derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones religiosas. A ellos corresponde la educación de sus hijos y no al Estado. La eliminación de este derecho o la imposibilidad de elegir libremente el centro educativo para sus hijos debilitarían significativamente nuestra democracia. En una sana democracia, las administraciones centrales y autonómicas deben favorecer dicha educación elegida por la familia o los propios estudiantes, sin intentar imponer otras concepciones éticas. Al Estado no le corresponde imponer su visión del mundo y del hombre ni una ética determinada sino servir al pueblo, formado por diversas sensibilidades, credos y formas de entender la vida.
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